Monday
May 29, 2017
Friday, May 12, 2017

Tinta roja indeleble

La rescisión del contrato entre la obra social de jubilados y pensionados (PAMI) con sus proveedores farmacéuticos es sintomática de las dificultades extremas que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri para reducir el abultado déficit fiscal. Si bien técnicamente se podría recortar el déficit de 900 millones de pesos que representa el PAMI (las empresas farmacéuticas nunca han sido inocentes a la hora de ganar dinero fácil a costa del Estado), negarles sus medicamentos a los ancianos proyecta la peor imagen electoral posible y desmiente la “reparación histórica”, identificada como objetivo del blanqueo fiscal. Luego de destacar durante algunas semanas que la nómina estatal había aumentado de 2,2 a 3,5 millones desde el 2003, con la insinuación de que debería reducirse, el gobierno parece haber descartado la posibilidad dadas sus eventuales repercusiones políticas o sociales, prefiriendo enfocarse en el presupuesto del PAMI. Pero hará falta más que una rescisión arbitraria del contrato para justificar los recortes.

Si la recaudación de abril (la primera del año que no recibió el importante caudal del blanqueo fiscal) subió en casi un 25% mientras que el gasto público, durante el primer trimestre de este año electoral, trepó hasta el 35%, el déficit fiscal sólo podrá seguir su aumento descontrolado bajo las políticas actuales. Si bien a principios de año se esperaba que una economía en crecimiento reduciría el porcentaje del PBI que representa el déficit sin necesidad de aplicar recortes, los pronósticos de crecimiento no han dejado de caer desde entonces. Las recaudaciones extraordinarias por el blanqueo podrían hacer viable el objetivo de un déficit fiscal del 4,2% del PBI para este año, pero el objetivo del año que viene es 3,2%. Con un Estado que ha crecido en un 25% bajo la presidencia de Macri según el informe de una fundación ortodoxa el mes pasado, y con la indexación de las jubilaciones y la mayoría del gasto social, es difícil ver por dónde se podría ahorrar más allá de la eliminación total de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Dado que hasta ahora han demostrado ser imposibles los recortes significativos en el gasto y los impuestos (excepto en el caso de las retenciones a las exportaciones), el gobierno ha optado por endeudarse para financiar el déficit. No obstante, el influjo resultante de dólares sólo ha distorsionado el tipo de cambio, agravando los problemas competitivos del sector productivo, junto con la presión fiscal y el rígido monetarismo necesario para dominar la inflación en estos niveles de déficit.

A comienzos del año, los expertos afirmaban unánimemente que la economía crecería (aunque tan sólo fuera en comparación con un 2016 recesivo), pero ante el panorama actual, la posibilidad de crecimiento más realista parece ser el déficit fiscal.

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